En una reunión entre el presidente de CONATACOCH, Héctor Sandoval, y la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, Ximena Rincón, se establecieron las directrices para solucionar un tema que se viene arrastrando hace tiempo en la relación que tienen los choferes y los propietarios de taxis colectivos. En la cita, se acordó acelerar un proyecto de ley que ya está aprobado en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y que ahora pasó a revisión en el Senado justamente en la comisión que preside la senadora Rincón.
Actualmente, miles de personas han optado por transformarse en microempresarios, adquiriendo un taxi colectivo y entregando un servicio alternativo a los sistemas de transporte mayor. Ante esta oportunidad, muchos han podido adquirir un segundo vehículo o más, quienes los entregan en forma de arriendo a otras personas para que los conduzcan. Para la explotación de este segundo vehículo, se asocia de manera informal con un conductor, quien tiene a su cargo el vehículo y su conducción, cancelando al dueño del mismo un canon diario por su uso. En otros casos, el propietario del vehículo, por distintas circunstancias no puede o no quiere conducir el vehículo, procediendo a explotarlo en asociación con otro conductor de la misma forma descrita anteriormente.
En Santiago, por disposiciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, los recorridos de los taxis colectivos se encuentran predeterminados y para adjudicarse dichos recorridos, es necesario participar en un proceso de licitación. Este proceso de licitación tiene una serie de exigencias, entre ellas, se pide que quienes participen, sean personas jurídicas. Ello ha llevado a que los propietarios de vehículos deban conformar empresas para adjudicarse los recorridos.
En regiones, no existe licitación de los recorridos, pero es necesario proceder a su inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, llevado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La situación fáctica, ha llevado a que la Dirección del Trabajo, en sus fiscalizaciones determine la existencia de una supuesta relación laboral entre el conductor no propietario y el representante de la línea que se ha adjudicado el recorrido o el representante del sindicato o asociación gremial que ha inscrito el recorrido en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, estableciendo que existiría una relación de subordinación y dependencia, por el sólo hecho de actuar como coordinador de los vehículos, y en ocasiones, disponer la suspensión del vehículo, por infracción a normativa que viene impuesta desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, siendo que estas entidades o personas jurídicas funcionan exclusivamente como coordinadoras o nacen para cumplir con la ley y en ningún caso disponen de utilidades y recursos más que para funciones netamente administrativas.
Ante esta situación, el gremio ha impulsado un trabajo en conjunto con parlamentarios de todas las bancadas desde hace unos meses, para poder sacar luz verde a un proyecto que viene a solucionar una serie de inquietudes en el sector donde se sostuvo una fructífera reunión con la senadora Rincón para agregar al código laboral el artículo 8 bis que regulará esta situación. En él se establece que la relación entre un trabajador y el propietario de un taxi colectivo es netamente comercial, siendo el primero quien decide sus horarios y carga laboral, y en ningún caso se subentiende un contrato laboral bajo esta condición.
Un proyecto en el que ya existe el compromiso de discutirlo y aprobarlo en el Congreso y que vendrá a corregir un vacío legal que, como sabemos, ha sido objeto de complicaciones o confusiones dentro del sector.